Montevideo, 22 de septiembre de 2025
El cuidado de las personas en situación de dependencia es una responsabilidad colectiva que exige el compromiso decidido del Estado y la sociedad. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) fue creado en 2015 como un modelo solidario y corresponsable para garantizar el derecho al cuidado, la promoción de la autonomía y la redistribución justa del trabajo de cuidados. Frente a la urgencia de fortalecer este sistema, resulta imprescindible asegurar un financiamiento adecuado que permita su funcionamiento pleno y efectivo.
Para que el SNIC pueda cumplir su objetivo de articular acciones en torno a políticas públicas inclusivas —que abarquen la atención a personas en situación de dependencia, niños y niñas, la promoción de la autonomía y la redistribución equitativa del trabajo de cuidado— es fundamental que la Junta Nacional de Cuidados, en coordinación con la sociedad civil, establezca mecanismos de financiamiento adecuados.
El Comité Consultivo de Cuidados saluda el énfasis y desarrollo en las políticas de cuidado de las infancias, pero manifiesta su profunda preocupación por la insuficiencia de los recursos asignados al SNIC en el actual debate presupuestal para la población en situación de dependencia (de todas las edades, particularmente en el caso de las personas mayores). Estos fondos son claramente insuficientes para garantizar plenamente el derecho al cuidado de todas las personas que dependen de estos servicios esenciales.
Frente a las restricciones presupuestarias para dar vida al Plan Nacional de Cuidados para el próximo quinquenio, que asegura la universalidad, progresividad, equidad, continuidad, calidad y accesibilidad de las políticas de cuidado en Uruguay, es necesario contar con mayores recursos presupuestales.
El derecho al cuidado debe ser una prioridad nacional, y para ello se requieren recursos adecuados que permitan su implementación efectiva, con equidad, calidad y acceso universal. Esta es una promesa del gobierno actual: centrar la política en el bienestar de las personas y su vida cotidiana.
Resulta alarmante que cerca de 7000 personas se encuentren en lista de espera para el Programa de Asistentes Personales, lista heredada del período de gobierno anterior, un servicio esencial para quienes necesitan apoyo en su vida diaria. Durante el último período, aproximadamente 4,000 personas fallecieron sin haber recibido la atención necesaria, lo que evidencia una grave vulneración de derechos y demanda una reacción urgente. La situación respecto al financiamiento, también es crítica en el caso de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores, que tienen un rol fundamental en la garantía del derecho al cuidado. La falta de recursos compromete el cumplimiento de las normativas y pone en riesgo condiciones seguras, accesibles y centradas en la persona. Algo similar sucede con los servicios dirigidos a personas con dependencia leve o moderada, como la Teleasistencia, que han sufrido una baja progresiva en su cobertura, vinculada al financiamiento, afectando su accesibilidad y calidad.
En este sentido, se demanda que el presupuesto incluya partidas específicas para fortalecer los cuidados de larga duración y cuidados (ELEPEM, Asistentes Personales, Centros de día, Teleasistencia, cuidados comunitarios y cuidados comunitarios en espacios colectivos), garantizando acceso equitativo y evitando vulneraciones a los derechos de las personas mayores.
Para cuidar y sostener la vida, la autonomía y la calidad de vida de la población, el Comité Consultivo de Cuidados solicita al Poder Ejecutivo y al Parlamento a reasignar y aumentar el presupuesto del Sistema de Cuidados de manera inmediata, asegurando cobertura digna y efectiva para todas las personas cuidadas. La postergación de esta demanda es inadmisible